Los populares solicitan también al Ministerio de Interior que paralice la decisión de la Dirección General de Tráfico de trasladar gastos de las aulas de examen a los ayuntamientos
El Grupo Provincial del Partido Popular en la Diputación de Córdoba ha presentado dos mociones que se debatirán en el Pleno ordinario de mañana, 24 de septiembre. El portavoz del grupo, Antonio R. Martín Romero, ha explicado que el objetivo es exigir al Gobierno de España que “asuma sus responsabilidades y competencias” en dos cuestiones muy concretas y relevantes como son la respuesta a la lengua azul y la asunción de los costes de las aulas de examen de la Dirección General de Tráfico (DGT)
Plan nacional urgente contra la lengua azul
La primera propuesta se centra en la “preocupante expansión” de la enfermedad de la lengua azul en Andalucía y otras comunidades, que ya está causando graves consecuencias económicas y sanitarias en municipios ganaderos de la provincia. “La lengua azul ya no es un problema local, sino una emergencia nacional”, ha declarado el portavoz. Por ello, la moción reclama que el Gobierno de España active de inmediato la reserva de crisis de la PAC y ponga en marcha un Plan Nacional de Vacunación, que garantice la distribución gratuita de dosis para todos los serotipos siguiendo el modelo de Francia.
En este punto, Martín Romero ha criticado la inacción del ministro de Agricultura, Luis Planas, quien “a pesar de representar a Córdoba, está dejando desamparados a los ganaderos de su tierra”. El portavoz ha subrayado que “la
Junta de Andalucía ya ha hecho lo que le correspondía: cubrir el 100% del coste de las vacunas y aprobar ayudas directas de 7,2 millones de euros que llegarán en noviembre. Mientras tanto, Planas sigue mirando hacia otro lado y ni comparece”.
La moción también exige la cooperación del Ministerio con la Junta para reforzar las medidas de control vectorial y habilitar ayudas extraordinarias a los ganaderos, además de un reconocimiento público a la labor de ganaderos, veterinarios y Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs), que están en primera línea contra la enfermedad.
Los gastos de aulas de exámenes
La segunda moción se formula «en defensa de la asunción de competencias por parte de la DGT» y contra la intención de esta entidad de que los ayuntamientos asuman los gastos de las aulas de exámenes teóricos. El portavoz popular ha recordado que la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de tráfico y que es el Ministerio del Interior, a través de la DGT, quien organiza estos exámenes8.
«Corresponde al Estado, y no a los municipios, sufragar los gastos derivados de su prestación», ha afirmado Martín Romero. El portavoz ha explicado que hasta ahora, en municipios como Puente Genil y Pozoblanco, los ayuntamientos cedían el local, el mantenimiento y el mobiliario, mientras que la DGT se hacía cargo del personal. Sin embargo, la DGT ahora busca una adenda al convenio para que los ayuntamientos asuman “toda la inversión para adaptar las aulas actuales, nuevo mobiliario y nuevos equipos informáticos”.
Según el Partido Popular, esta medida supone una “carga económica que no les corresponde a los municipios” y es un “ataque directo a la suficiencia financiera” de las corporaciones locales, que deben disponer de medios para sus propias competencias. Por ello, la moción insta a la DGT a que asuma la
inversión en equipamiento y su mantenimiento, con los ayuntamientos continuando con la cesión de locales, la limpieza y la seguridad. La moción también solicita a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que defienda de manera conjunta a los ayuntamientos frente a este «intento de trasladar competencias impropias»
