El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha pedido amparo a la Junta de Andalucía y el apoyo de los grupos parlamentarios en el momento de la tramitación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados para actuar en defensa de los agricultores «ante el despropósito de la reforma laboral publicada el pasado 30 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE)».
Fernández de Mesa afirmó que esta reforma fija en el punto de mira “una temporalidad que es imprescindible en muchos sectores”, como así «lo ha manifestado también el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, quien ha afirmado que esta situación puede afectar a unos 500 profesores en la Universidad de Córdoba debido sobre todo a la desaparición general del contrato de obra y servicio sin que se ofrezca alternativa en la nueva Ley, ya que se trata de una forma de contratación de amplia utilización en los contratos para investigadores, pues los proyectos científicos suelen tener un carácter temporal prefijado».
De este modo, Asaja Córdoba explica que no es sólo la agricultura la gran perjudicada por esta medida, sino que afecta a muchos otros sectores, por lo que reclama el apoyo incondicional de la Junta de Andalucía para estos sectores y el rechazo total de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados a esta reforma.
Y es que, de seguir adelante, “el sector sufrirá un encarecimiento de las contrataciones con problemas que harán más gravosa la gestión de la explotación en aquellos periodos en los que el campo viene necesitando personal de carácter temporal, pasando su gestión a la condición de trabajadores de carácter fijos discontinuos».
El texto recoge que únicamente podrán justificarse los contratos temporales en dos casos. El primero, por circunstancias de la producción cuando haya un incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial (o previsible, pero con una duración reducida dentro de la contratación fija y limitada a un máximo 90 días anuales no consecutivos) y, el segundo, por sustitución de la persona trabajadora, por lo que no habría alternativas para dar cobertura a necesidades de tipo estacional como son las labores agrarias de recolección o las faenas agrícolas puntuales como talas, podas, riegos, limpieza de fincas; salvo el contrato fijo-discontinuo, “que no se adapta a la realidad del campo y derivará en una pérdida de empleo”.
Por tanto, Fernández de Mesa subraya que “supone mayores costes de la explotación, más burocracia y casos en los que el empresario agrario podrán contratar cada año con seguridad a las personas que les den más confianza por su conocimiento de la explotación y que podrán ser los mismos u otros diferente a los de años anteriores. Todo, con una previsión de muchos meses antes”.
De este modo, considera que esta reforma no contempla “la realidad de las campañas agrarias en nuestro país”. El campo tiene como condición intrínseca la temporalidad al estar condicionada la actividad agrícola a una duración determinada ―según épocas de recolección y otras casuísticas como el clima o la mayor o menor producción―, a que su desarrollo se hace a la intemperie y los trabajadores circulan por diferentes explotaciones, lo que no significa precariedad de los contratos, sujetos a convenio, sino que la mano de obra que se requiere es la eventual.
Esa realidad se olvida en absoluto en la nueva reglamentación, apunta el presidente de Asaja Córdoba, “y penaliza e incrementa los costes de producción ya de por sí desproporcionados que tiene el sector agrario, así como las dificultades de gestión”. Quizá esta reforma pueda valer para las grandes compañías, para las campañas de rebajas, pero no vale para el campo ni responde a sus necesidades, a pesar del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, CEOE y sindicatos. Por ello, desde Asaja «se va a seguir trabajando para que se regule adecuadamente sobre la estacionalidad estructural del sector».
